Procesos sujetos a la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) salió ayer al frente de la “contratación” a futuro de artistas que recibieron 100 millones de pesos señalados inicialmente como ayuda del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS).
En una carta remitida por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, al coordinador del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Francisco Antonio Peña Guaba, se advierte que “si se trata de una contratación directa la realizada a favor de 70 artistas, los contratos deben ser rescindidos” y que debe detener la suscripción de otros nuevos contratos, así como la entrega de fondos por este concepto.
En una comunicación, Pimentel le expresó a Peña Guaba que la contratación de servicios es uno de los procesos sujetos a la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Pese a ser considerada una contratación por excepción, la contratación de artistas debe realizarse conforme a los procedimientos dispuestos en la ley y su reglamento de aplicación, precisa la DGCP.
Procedimiento
Explica que el reglamento ordena adjuntar un informe pericial que justifique el uso de la excepción, una resolución motivada, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad recomendando su uso; una certificación de apropiación presupuestaria emitida por el director administrativo o financiero de la DGCP y publicar en el Portal Transaccional e institucional el procedimiento de contratación.
“Al verificar en el Portal Transaccional para identificar el cumplimiento de los mínimos exigidos, pudimos constatar que las citadas contrataciones no fueron gestionadas a través de esta plataforma, contrario al principio de transparencia y publicidad y al artículo 6 del Decreto Núm. 350-17, aun cuando el GCPS tenía la obligación legal de ajustar dichas contrataciones a la normativa. Sin embargo, según lo verificado hasta el momento, todo indica que se ha realizado en inobservancia a la misma”, dice la carta de Pimentel a Peña Guaba. Agrega que las instituciones no pueden realizar contrataciones directas y que estas solo se justifican en los casos expresamente establecidos en la ley, como son las compras por debajo de RD$147,699.99.
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